La
Cámara de Representantes respaldó este miércoles una cláusula dentro del
proyecto de ley de asignación de fondos a Justicia, Comercio y Ciencia para el
año fiscal 2016, que prohíbe comerciar con entidades y empresas militares de
Cuba, informa el diario El Nuevo Herald.
Con una
votación de 273 a favor y 153 en contra, los representantes votaron contra una
enmienda presentada por el demócrata por California Sam Farr, que buscaba
eliminar la provisión que impide el empleo de fondos para expedir licencias o
promover exportaciones a entidades controladas por militares cubanos, los
servicios de inteligencia o sus oficiales.
Posteriormente,
el pleno de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto completo por una
votación de 242 a favor y 183 en contra.
Antes
de convertirse en ley, el proyecto podría combinarse con otros para ser
presentado en un solo "paquete" de leyes presupuestarias ante la
firma del presidente Barack Obama, o podría ser conciliado con una versión del
Senado.
La
aprobación de esta ley obstaculizaría significativamente la expansión del
comercio con Cuba, donde compañías y grupos empresariales dirigidos por
militares controlan los sectores clave de la economía.
"Prohibir
usar fondos para facilitar exportaciones a las fuerzas armadas del régimen de
Castro y a sus servicios de inteligencia es uno de los pasos más básicos que
podemos tomar para ayudar al pueblo cubano. Solo al endurecer las sanciones
podemos esperar que se debilite el aparato represivo de los Castro", opinó
la cubanoamericana Ileana Ros-Lehtinen tras la votación.
El
margen de victoria, y el hecho de que más de 30 demócratas votaran en contra de
la enmienda de Farr, ilustra según Mauricio Claver-Carone "el sentimiento
de la Cámara: que cualquier conversación de grupos externos sobre relajar las
sanciones es una ficción".
"Por
el contrario, la Cámara tiene la voluntad de fortalecer las sanciones y lo
expresó por un margen de 120 votos, lo que es difícil de cuestionar",
opinó Claver-Carone, quien dirige el U.S.-Cuba Democracy PAC, un comité de
acción política que apoya las sanciones contra el Gobierno cubano.
En el
otro polo del espectro político, James Williams, quien preside la organización
Engage Cuba —que apoya eliminar las sanciones comerciales y de viajes a la
Isla— cree que el actual proyecto no tiene posibilidades de convertirse en ley.
"El
Senado y la Casa Blanca no apoyarán esta versión", dijo Williams según El
Nuevo Herald.
Marco
Rubio presenta un proyecto de ley en el Senado
La
intención de frenar operaciones con empresas militares cubanas ha tenido
también manifestación en el Senado, donde el cubanoamericano Marco Rubio
presentó una propuesta de ley titulada Cuban Military Trasperency Act.
La
iniciativa pretende evitar que el aparato militar del régimen se beneficie del
flujo de inversiones y transacciones que podría producirse tras la
normalización de nexos entre La Habana y Washington.
"No
está en nuestro interés, o del pueblo de Cuba, que Estados Unidos se convierta
en fuente de financiamiento de la brutalidad del régimen de Castro",
afirmó Rubio, aspirante presidencial republicano, al presentar una ley que
secundan, entre otros, el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez,
informó el diario mexicano El Universal.
"Esta
iniciativa impediría que dólares de Estados Unidos caigan en manos de los
militares cubanos y exigiría la rendición de cuentas de la administración de
Obama con respecto a los fugitivos de la justicia estadounidense en Cuba y la
devolución de la propiedades robadas", añadió.
La
propuesta se suma a la presentada en la Cámara Baja por el congresista de
origen cubano Mario Díaz−Balart para bloquear fondos para la habilitación de la
nueva embajada de Estados Unidos en La Habana.
"Con
el Gobierno y las fuerzas armadas controlando más del 80% de la economía del
país, los esfuerzos para ampliar el comercio y los viajes a Cuba solo
enriquecerán a los monopolios militares de los Castro", advirtió Bob
Menéndez.
"Los
militares cubanos usan esos fondos para violar los derechos humanos y encarcelar
a sus oponentes. Esta legislación de sentido común, busca asegurarse que el
pueblo americano no sea cómplice ciego del régimen de opresión de Castro",
añadió.
La
propuesta de Rubio pide además que la fiscal general coordine con la Interpol
la captura de los fugitivos estadounidenses refugiados en la Isla. Asimismo,
incluye la posibilidad de arresto y condena de los responsables del derribo de
las avionetas de Hermanos al Rescate; dispone que el presidente reporte sobre
el rol de varias fuerzas militares cubanas y la devolución de propiedades
confiscadas por el gobierno cubano, y exceptúa de la actual política
"cash-in-advance" (pago por adelantado) para exportar a la Isla, las
ventas de productos agrícolas, medicinas, equipos médicos y transacciones
relacionadas con los programas de promoción de la democracia, según El Nuevo
Herald.
